El procedimiento concursal

En base a la Ley 22/2003, de 9 de julio, y las subsiguientes reformas que ha aprobado el legislador, podemos definir el concurso de acreedores como un procedimiento que se sustancia ante la jurisdicción civil, especial por motivo de la materia, y complejo, que tiene por objeto regular y dar solución a las situaciones jurídicas que se producen por el estado de insolvencia de un deudor de forma que se garantice el derecho de los acreedores de cobrar sus créditos.

Procedimiento y apertura

Inicio

El concurso de acreedores se inicia con el auto de declaración de concurso cuando la solicitud haya sido presentada por el propio deudor o con el auto de admisión a trámite cuando la solicitud ha sido presentada por un acreedor o cualquier otro legitimado a ello.

Fin

Tras una serie de fases en la que se estructura el procedimiento concursal, éste termina normalmente con el auto de conclusión, que será dictado por titular del juzgado o magistrado en el que haya recaido el procedimiento en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales.

Fases

En el modelo general, el concurso es un procedimiento compuesto por dos fases sucesivas, la fase común que está destinada a la determinación de las masas activa y pasiva.

Y seguidamente la fase de convenio o la fase de liquidación según se inicie y/o desarrolle el propio concurso de acreedores.

Sin embargo se dan supuestos de concursos en los que solo existe una única fase, como pueda ser el convenio anticipado, y concursos en los que se suceden tres fases, la fase común, la fase de convenio y la fase de liquidación.

Clases de concurso

Con objeto de hacer distinción entre las causas objetivas que pueden motivar y los sujetos que pueden verse sometidos a concurso de acreedores, vamos a llevar a cabo una diferenciación entre los supuestos que podemos encontrarnos en la normativa y por ende en la realidad diaria de miles de empresas. Pese a que el procedimiento concursal es único la Ley distingue entre el concurso ordinario y el concurso abreviado en base a los sujetos intervinientes y al grado de insolvencia o deuda acumulada del deudor.

Procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado puede aplicarse cuando el deudor insolvente sea persona natural o persona jurídica que pueda presentar balance abreviado y, en ambos casos, la estimación inicial del pasivo no supere el millón de euros. El procedimiento abreviado se caracteriza por la existencia de una especialidad procesal, es decir, los plazos establecidos en la Ley se reducen a la mitad, salvo que el juez determine lo contrario, y una especialidad orgánica, la administración concursal será unipersonal.

Procedimiento general

En todos aquellos supuestos distintos a los contenidos en el apartado anterior el concurso de acreedores se sustanciará por el procedimiento general.

En base a las causas que motivan y quién insta el procedimiento concursal podemos encontrarnos entre un concurso voluntario o un concurso necesario.

Concurso voluntario

Con carácter general en el concurso voluntario la solicitud de concurso la presenta el deudor, estando obligado a justificar no solamente su estado de insolvencia sino también su endeudamiento.

En este sentido, el estado de insolvencia no sólo puede ser actual, sino que también inminente, como por ejemplo aquel deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

Concurso necesario

En cambio el concurso necesario se dará cuando se dén determinados hechos específicamente enumerados en el articulo 2.4 de la ley, como por ejemplo:

  • Existencia de un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago
  • Sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor
  • Existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor
  • Alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor
  • Incumplimiento generalizado de obligaciones tributarias de los tres últimos meses, cuotas seguridad social, laborales, entre otros.

Finalidad y objetivos del concurso de acreedores

Podemos distinguir entre dos objetivos fundamentales que persigue el concurso de acreedores.

Una primera, que podemos denominar finalidad solutoria que se caracteriza por tener como finalidad el satisfacer a los acreedores del deudor insolvente, mediante un convenio o por la liquidación de bienes y derechos del deudor y el pago a los acreedores con el líquido obtenido.

Los bienes y derechos presentes y futuros de contenido patrimonial del deudor común, quedan afectos a esa satisfacción de los acreedores concursales, previo reconocimiento y clasificación de cada uno de los créditos. Esto exige la adopción de medidas excepcionales como la prohibición de iniciar ejecuciones singulares contra el patrimonio del deudor común o la paralización de las que se encuentren en tramitación.

Entre el interés del concurso y el del deudor, para la Ley prima el primero. La Ley evita que el concurso de acreedores prosiga, una vez declarado, cuando sea imposible ante la inexistencia de bienes y derechos, ordenando al juez que dicte auto de conclusión, sin perjuicio de las eventuales solicitudes de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad al deudor, persona natural, o a los administradores de deudor persona jurídica.

Un segundo y último objetivo es la eventual represión al deudor o a los administradores del deudor, persona jurídica, cuya conducta haya agravado el estado de insolvencia. A destacar la sección de calificación (o sección sexta), que finaliza con la sentencia de calificación, calificándolo de “ fortuito” o “ culpable” . Esta función tiene carácter especial y sólo opera en determinados concursos especialmente gravososen los cuales los acreedores deban soportar quitas superiores a un tercio de sus créditos o una espera superior a tres años.

La solicitud de concurso

El concurso de acreedores es un procedimiento que debe ser instado por persona legitimada estando vedado que sea el propio juez quien lo inste ni siquiera por el Ministerio Fiscal como defensor de intereses generales.

Competencia objetiva y territorial

Será competente para conocer del concurso de acreedores el juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, así como también el de su domicilio, siempre que el centro de intereses se encuentre en España.

El juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y excluyente para la declaración del concurso; para las acciones civiles con trascendencia patrimonial; las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo; ejecución frente a los bienes y derechos patrimoniales y para toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado.

Asimismo su jurisdicción se extenderá a todas las cuestiones prejudiciales relacionadas con el concurso. También le corresponde la tramitación del procedimiento.

Legitimados

Salvo la legitimación del propio deudor la del resto de sujetos legitimados para instar el concurso de acreedores deberá ser objeto de justificación, acreditando la condición y título por el que se les faculta a su solicitud. Así se encontrarán legitimados los siguientes sujetos:

  1. El propio deudor, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
  2. Cualquiera de sus acreedores sin perjuicio de la cuantía de los créditos que posea contra el futuro concursado, salvo aquellos que hubieran adquirido el crédito por actos inter vivos, a título singular, después de su vencimiento y dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud).
  3. Los socios ilimitadamente responsables de las deudas sociales, en determinadas sociedades.
  4. En caso de persona jurídica, el órgano de administración o de liquidación.

Procedimiento

En el escrito de solicitud deberá el deudor expresar si considera que su insolvencia es actual o inminente y acompañar una serie de documentos (inventario de bienes y derechos, relación de acreedores, propuesta de plan de liquidación, memoria expresiva de su historia económica y jurídica, actividades de los últimos tres años, establecimientos de los que sea titular, etc) En el caso de persona jurídica, debe indicarse también la identidad de los socios o asociados, de los administradores y liquidadores y del auditor de cuentas. Si el deudor está obligado a llevar la contabilidad, debe acompañar las cuentas anuales, informes de gestión, auditorías de los últimos tres años, memoria de las alteraciones y estados financieros intermedios.

Efectos de la declaración de concurso

Mediante auto de declaración de concurso se iniciará el procedimiento concursal por parte del juzgado de lo mercantil competente.

Como advertíamos anteriormente cuando tratábamos las clases de concurso si la solicitud la presenta el deudor, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores en caso de resultar acreditada la insolvencia alegada. En cambio, si el juez estima insuficiente la documentación, señalará un plazo para completar la justificación y documentación de la insolvencia.

Si la presenta otro legitimado, el juez debe dictar auto de admisión a trámite, ordenando el emplazamiento del deudor y adoptar, en caso justificado, medidas cautelares necesarias. En este sentido el deudor puede oponerse, celebrándose una vista que terminará con el auto de declaración de concurso o con el de desestimación de la solicitud.

El auto de declaración produce efectos de inmediato siendo ejecutivo aunque no sea firme.

Limitación de facultades de disposición

La declaración de concurso limita el ejercicio de las facultades de administación y disposición sobre el patrimonio del concursado y le impone deberes de colaboración con los órganos concursales que pueden desembocar en una limitación de alguno de sus derechos fundamentales.

Sin perjuicio que la ley ha optado por una configuración flexible en materia de limitación y que, por tanto, no siempre se producirán los mismos efectos, la declaración de concurso de la persona jurídica no es causa de disolución pero produce algunos efectos específicos sobre sus órganos y socios como pudiera recaer sobre un deudor persona natural.

En determinados supuestos el concursado quedará sometido a intervención, mientras que en otros se producirá la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición del patrimonio del concursado, no configurándose esta limitación de las facultades como sanción, sino exclusivamente tendente a proteger los intereses de los acreedores.

Estas limitaciones serán sustituidas por las limitaciones o prohibiciones que establezcan el convenio, cuando se apruebe éste, y lo mismo sucederá con los efectos específicos sobre la persona natural y jurídica, aunque se mantienen los deberes de colaboración hasta la conclusión del concurso.

Con la resolución judicial de apertura de liquidación produce la suspensión de facultades patrimoniales del concursado sino se produjo anteriormente, así como supondrá la disolución de la persona jurídica concursada.

Contravención de limitaciones

Si el deudor realizara actos que contravenga estas limitaciones patrimoniales serán anulables a instancia de la administración concursal, es decir, pueden quedar sin efecto o confirmarse si resultan favorables.

Publicidad

La apertura del concurso una vez acordada por el juez mediante auto tiene que gozar de una amplia publicidad informándose de la declaración al deudor y a los terceros relacionados.

Se dispone un doble sistema de publicidad:

  1. Extrarregistral: Además de utilizar todos los medios de publicidad al alcance y considerados por el juez, se publicará por edictos en el BOE y en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio del deudor o del centro de sus intereses.
  2. Registral: El auto se inscribirá en los Registros de personas, tanto civil (deudor persona civil) como mercantil (deudor inscribible en el Registro Mercantil), y en los Registros de bienes.

Continuación del ejercicio empresarial o profesional

Cualquiera que sea la limitación impuesta por el juez competente la declaración de concurso no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor aunque el juez puede acordar su cese o el cierre de los establecimientos, explotaciones u oficinas en supuestos graves

Formulación de cuentas

Subsisten durante el concurso y con independencia del grado de intervención los deberes de formular cuentas anuales con la misma periodicidad, plazos, contenido, finalidad y normas de redacción de los mismos documentos que las integran y de someter a auditoria esas cuentas en los casos legalmente establecidos. Asimismo y mientras la sociedad no haya sido objeto de liquidación y disolución, subsistirán los deberes de presentar el Impuesto sobre Sociedades.

Deberes de colaboración

Los efectos del concurso se completan con la imposición al concursado o a sus administradores si es una persona jurídica y a sus apoderados, de los deberes de comparecencia, colaboración e información con el juez del concurso y con la administración concursal.

Su incumplimiento se sanciona con la prohibición de presentar propuesta anticipada de convenio y, en caso de formación de la sección de calificación, con la presunción de dolo o culpa grave en la causación o agravación de la insolvencia, lo que determinará la calificación del concurso como culpable. Además, si no comparece, el juez puede decretar el arresto domiciliario previa audiencia del Ministerio Fiscal.

Asimismo el concursado tiene el deber de poner a disposición de la administración concursal los libros de contabilidad y los corporativos (libros de actas, de registro de acciones nominativas o de socios) así como los documentos de relevancia patrimonial relativos a su profesión o empresa. Según la Ley Orgánica de Reforma Concursal, para asegurar el cumplimiento de estos deberes el juez puede limitar alguno de los derechos y libertades fundamentales del concursado, pero sólo cuando sea imprescindible para facilitar la satisfacción de los acreedores y dentro de los límites marcados por la doctrina del Tribunal Constitucional y teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los deberes de colaboración.

Pueden limitarse los derechos fundamentales de personas naturales o de las personas jurídicas aunque, dada la distinta naturaleza de ambas, existen limitaciones que sólo pueden afectar a las primeras, como por ejemplo el arresto domiciliario. En caso de concurso de una persona jurídica, la limitación puede acordarse respecto de todos o algunos de sus administradores o liquidadores.

Sin perjuicio de la amplitud con la que se configura esta facultad del juez, siempre que se garanticen los derechos fundamentales en juego, entre las medidas que puede adoptar aquel podemos citar las siguientes:

  1. Intervención de las comunicaciones
  2. Deber de residencia que puede desembocar en un arresto domiciliario
  3. Entrada y registro domiciliarios

Tras todo lo expuesto y debido a su trascendencia, amplitud y complejidad será objeto de consideración en próximos informes las funciones de la Administración Concursal así como entrar en detalle sobre el procedimiento concursal considerando la formación de las masas activa y pasiva y los convenios.


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Edición: Junio 2012
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